El Partido Popular de Gandia está convencido de que el proceso de adjudicación del servicio de agua potable de Gandia se ha realizado de forma irregular. Hace unos meses interpuso un recurso ante el juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Valencia en el que impugnaba el proceso de contratación del agua y hace poco más de una semana presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana un nuevo recurso en el que solicita que se anule el reglamento que regula la gestión del Agua en Gandia.
El concejal Javier Reig aseguró ayer que el principal partido de la oposición es consecuente con sus argumentos y por eso se ha visto "obligado a interponer un nuevo litigio".El reglamento del agua fue aprobado definitivamente en pleno hace unos dos meses con la oposición de los populares, que observan una serie de "graves irregularidades" en la tramitación. La idea inicial hubiera sido realizar una ampliación de la demanda impugnando el reglamento, pero esto no es posible porque se trata de un acto reglado (una normativa) y la sala autorizada para juzgarlo es el Tribunal Superior de Justicia.
La argumentación jurídica en la que se basa el Partido Popular para impugnar esta norma está sustentada fundamentalmente en las irregularidades en la tramitación. Primero y principal, el reglamento fue aprobado cuando ya se había realizado la adjudicación del agua con lo que se rompió el principio de libre concurrencia. Esto quiere decir que hay numerosas empresas que hubieran podido presentarse al concurso de adjudicación si hubieran conocido las condiciones del nuevo reglamento municipal.
Otra de los puntales jurídicos es el hecho de que el reglamento ha sufrido cambios sustanciales desde que fue aprobado provisionalmente hasta su autorización definitiva. "La misma empresa adjudicataria, Aguas de Valencia, presentó varias alegaciones contra el reglamento inicial que fueron aceptadas, lo cual cambio el texto definitivo". Otras alegaciones, incluidas algunas presentadas por el PP, también fueron asumidas y agregadas a los artículos respaldados por el pleno a finales del año pasado.
El problema es que se aceptaron muchos cambios de este reglamento y, a juicio de los populares, esto obligaba a que fuera de nuevo expuesto el público para su examen. Esta circunstancia no se produjo y la norma fue aprobada definitivamente hace dos meses sin volver a ser expuesta.
Otro de los puntos en los que se basa la demanda de los populares es el hecho de que históricamente Gandia no ha tenido monopolio del agua. El primer suministrador de agua era el propietario de un pozo que posteriormente se unió a Omnium Ibérico.Sin embargo, el reglamento inicial si que hablaba de monopolio, por lo que los populares exigían al Ayuntamiento que el órgano competente de la Generalitat les autorizara a tener este nuevo monopolio.
Finalmente, y a instancias de la propia adjudicataria, aguas de Valencia, se eliminó la palabra monopolio del reglamento y en su lugar se agregó que el ámbito de suministro de la empresa era todo el término de Gandia.
Este es un paso más en la carrera judicial que el PP ha iniciado para frenar un proceso, el de la adjudicación del agua, que considera ilegal. El PP de Gandia ha llevado a los tribunales el procedimiento de contratación del agua por sus "múltiples" irregularidades. La oposición interpuso un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo adoptado en el pleno el 27 de diciembre de 2007, a través del cual se aprobó el expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión del servicio de abastecimiento del agua en la ciudad.Adjudicación sin suspenso El juez ha solicitado al secretario del Ayuntamiento el expediente administrativo. La oposición pidió la suspensión temporal del acuerdo.Sin embargo, esta no se autorizó y el gobierno de Gandia, en las siguientes semanas, adjudicó a Aguas de Valencia la gestión del servicio del agua potable durante un periodo de 25 años.
El pliego recogía el pago anticipado por parte de la mercantil de un canon al Ayuntamiento de, al menos, 15 millones de euros. Finalmente este canon fue de 55 millones de euros que fueron satisfechos por la empresa a los pocos días de hacerse efectiva la adjudicación.En su momento, el portavoz del PP, Arturo Torró, expresó que Gandia no se "podía jugar 25 años a una concesión contratada de manera irregular ni hipotecar 15 millones de euros para tapar agujeros que los ciudadanos arrastran desde la época de Pepa Frau y costear el final de la campaña electoral, en donde el gobierno local ha tirado mucho dinero".
El pliego para la concesión de la gestión del agua está, a juicio del PP, plagado de errores, improvisaciones e irregularidades.
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